Hugo Delgado/ VAD 06 de noviembre de 2008

Según la vicerrectora Administrativa, María G. Núnez, el incremento salarial afecta la calidad académica de LUZ. .

Las cifras de inflación de los años 2007 y 2008, estimadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), dejan en evidencia que el aumento de 30% aprobado por el Gobierno Nacional y anunciada por el ministro de Educación Superior, Luis Acuña, es un “incremento devaluado” que viola las Normas de Homologación, dijo la vicerrectora Administrativa de la Universidad del Zulia.

La Vicerrectora Administrativa dijo que en 2007, el BCV reportó una inflación de 22,5% y hasta septiembre de 2008 ese índice ya se ubica en 21,8%, es decir, la sumatoria es de 44,3% sin incluir los meses que restan del presente año. Estas cifras demuestran que el incremento oficial no cubre las expectativas de los profesores, empleados y obreros, ya que de acuerdo con las Normas de Homologación la revisión salarial debe hacerse cada dos años, eso significa que el incremento debe considerar el índice inflacionario acumulado, cláusula que es desconocida por el Ejecutivo Nacional y que se revierte negativamente para la comunidad universitaria, por cuanto no cubre la depreciación de su salario.

Explicó que la inflación es el aumento continuo y generalizado de los precios de bienes y que al observar los indicadores del ente emisor se deduce que el aumento de 30% aprobado para docentes, obreros y empleados, “nació devaluado” y eso se refleja en la realidad cuando se observa que un Profesor Titular a Dedicación Exclusiva ahora ganará BsF.3.974,00 y el Profesor Instructor obtendrá BsF. 2.382,00 mientras que la Canasta Alimentaria (CA) y la Cesta Básica (CB), calculada por el CENDA, se ubican en BsF.1.282,49 y 2.880,95, respectivamente.

Si analizamos el incremento y el cálculo de la Canasta Alimentaria y la Cesta Básica se observa que el docente a Dedicación exclusiva cubre ambas, con un superavit que debe utilizar para el resto de sus gastos de hogar y su actualización académica; pero en el caso del Profesor Instructor el aumento no le permite adquirir su CB, con el consiguiente efecto de restringir sus posibilidades de formación permanente y la amenaza latente para la institución de contratar nuevos docentes, quienes por su perfil profesional son más atractivos en el mercado laboral de Venezuela y el extranjero .

La titular de la administración universitaria explicó que la situación se agrava con los empleados y obreros. En el caso del personal administrativo el de menor escala ganará BsF. 965,00 y el de mayor escala BsF. 2.883,00; al relacionar estos montos con la CA y la CB se observa que el segundo escasamente adquiere la CB, pero el primero no puede cubrir ninguna.

Al extrapolar la realidad de los docentes, la vicerrectora Núñez argumentó que igualmente ocurre con los obreros, el de menor grado tendrá un incremento de BsF. 898,00, y el de mayor nivel se ubica en BsF. 1.348,00; el segundo cubre escasamente la CA sin posibilidad de adquirir la CB, mientras que el primero no tiene oportunidad de obtener ninguna. La posición de los gremios de los profesores, empleados y obreros ante esa realidad es de aceptar el incremento bajo protesta y consideran el aumento de 30% como “un anticipo”, con miras a mantener su política de negociar la revisión en 2009 hasta alcanzar un sincero ajuste de los sueldos y salarios del personal universitario.

Elecciones rectorales sí pueden celebrarse

El presidente de la Comisión Electoral de LUZ, Noé Montiel, expresó su preocupación por esta nueva traba. “No comprendo por qué si después de haber llegado a un acuerdo con las partes involucradas para que los alumnos de LUZ ejercieran su derecho al voto, ahora se exigen otros requisitos”, expresó.

No obstante, informó que el retraso de esta elección de ninguna manera afecta el normal desenvolvimiento del proceso de escogencia de las autoridades rectorales. “Seguiremos con todos los pasos en la organización de estas elecciones pautadas para julio. El próximo 10 de junio estaremos publicando la primera lista de votantes habilitados, para que los respectivos candidatos puedan verificarla y hacer sus respectivas impugnaciones si fuera el caso”.

La consultora jurídica de LUZ, María Carolina Montiel, dijo que no existe impedimento legal para el normal desenvolvimiento para la elección de autoridades rectorales, aunque admitió que sí había un impedimento social: “Si los estudiantes salen a protestar para que ellos puedan elegir a sus representantes, eso significaría una nueva tranca de carácter social, pero jurídicamente sí pueden hacerse”.

Hasta ahora, las elecciones estudiantiles lucen sin una pronta solución. Se supo, además, que para tratar de llegar a un acuerdo es indispensable conversar con las tres estudiantes para que planteen sus nuevos reclamos y llegar a un consenso que permita concretar un proceso electoral. La complicación se acentúa por su negativa a conversar y porque viven en estados de la región central del país.