Debilidad jurídica

Un profesor amigo no salía del asombro cuando le tocó tramitar el disfrute de su beca-sueldo. Aseguraba que dedicaría los años de permiso a interpretar el reglamento que rige el beneficio. Aunque exagerado el comentario, comprendimos su frustración: la normativa universitaria es, quizá, la asignatura más difícil que nos toca aprender en LUZ.

Y si a este profesor le tocaba revisar hasta tres y cuatro reglamentos distintos para conocer la materia, otros se enfrentan con el dilema de determinar cuál norma está vigente y cuál no, cuál reglamento colide con otro más viejo y cuál ni siquiera se aplica para su caso. He aquí, obviamente, una arista más de la compleja realidad universitaria que exige atención inmediata.

Una de las bondades más grandes de nuestra autonomía es, precisamente, el derecho que tenemos a autorregularnos, a definir reglas propias de convivencia. Pero estas reglas no pueden, en modo alguno, dificultar nuestra labor académica y administrativa. Por otra parte, los derechos que no se conocen no se ejercen, lo cual se acerca demasiado a una renuncia que podría llevar a la desaparición de esos mismos derechos. De allí que nuestra responsabilidad implica también lograr su difusión efectiva.

Es nuestra obligación proveernos de una normativa sólida, coherente, que en su conjunto nos permita resolver problemas y obstáculos, en lugar de causarlos

Tras décadas de regulación interna, debemos mirarnos aún más hacia adentro para actualizar, simplificar, unificar y adaptar nuestros reglamentos a fin de responder a las necesidades de hoy, siempre en concordancia con las leyes vigentes, nuestra misión y funciones. La Universidad no puede darse el lujo de seguir afrontando, por debilidad o inconsistencia jurídica, juicios y demandas con la pérdida de tiempo, recursos humanos y económicos que ello acarrea. Pero además debemos crear mecanismos adicionales que permitan garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia de los procedimientos internos. Esto es, blindar la legitimidad de nuestros propios actos: desde un concurso para profesor o empleado, hasta la contratación de una obra o servicio.

Poner al día la normativa universitaria forma parte de los esfuerzos que impulsaremos para modernizar nuestra institución; lograr un mejor desempeño de sus labores de docencia, investigación y extensión, y avanzar hacia un modelo de funcionamiento institucional, administrativo y académico más ágil, bajo condiciones de mayor operatividad y ejecución más expedita de los procesos.

Es nuestra obligación proveernos de una normativa sólida, coherente, que en su conjunto nos permita resolver problemas y obstáculos, en lugar de causarlos. Una normativa basada en la eficiencia como criterio. Un servicio jurídico consistente, más capaz que nunca de dar a conocer y defender los derechos, bienes e intereses directos o indirectos de la Universidad y sus miembros. A reglas claras, acciones transparentes, y compartir una misma visión de universitarios pasa, en primer lugar, por ordenar la casa, y por conocer también nuestros derechos y deberes.

Jorge Palencia
Vicerrector Administrativo de LUZ
21 de abril de 2008