Vanessa Casanova/ VAD 11 de junio de 2007

Universitarios y expertos se mantienen a la expectativa por las consecuencias del proyecto de Ley de Salud y Sistema Nacional Público de Salud, que luego de seis años de discusión en la Asamblea Nacional pasó a manos del Ejecutivo por Ley Habilitante. La nueva ley plantearía la desaparición progresiva de los regímenes especiales de salud del sector público, entre los que se incluyen los institutos de previsión social de las universidades con servicios de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM).

Dos caminos se abren para estos organismos según el proyecto de ley: integrarse a un Instituto Nacional de Atención Médica Integral –megaestructura que fusionaría los servicios del Ministerio de Salud y de los estados descentralizados, el seguro social y las instituciones de prestación de servicios– o continuar funcionando sin aportes del sector público.

La primera opción absorbería al Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia (IPPLUZ) y Servicios Médico-Odontológicos (SMO) –que atiende a administrativos, obreros y estudiantes–, en un proceso de transferencia al Sistema Nacional Público de Salud que llevaría hasta diez años. La segunda opción los obligaría a subsistir sin los recursos del presupuesto universitario y sin posibilidad de inscribir a nuevos asociados.

“Cualquier escenario es desfavorable”, apunta Absalón Méndez, coordinador del postgrado de Seguridad Social de la Universidad Central de Venezuela. “En todo caso, estas instituciones deben revisarse y examinar si están en condiciones de seguir funcionando con o sin aporte fiscal. Si quieren continuar solas, deben redefinir su esquema de funcionamiento, sincerar el tema de sus costos y la cobertura”, considera Méndez.

El autofinanciamiento, sin embargo, obligaría a los afiliados a dar el aporte del 100%. Y en el caso de los activos, a una doble cotización: la obligatoria, para el sistema de seguridad social del Estado, y la del instituto de previsión social (IPP) de su gremio. “¿Soportará nuestro bolsillo tal incremento para financiar la seguridad social? ¿Podremos vivir aportando a dos instituciones a la vez? Debemos ver hasta dónde podemos llegar”, insiste Méndez.

“Seguir solos nos llevaría a una muerte lenta”, asegura María de los Ángeles de Graham, presidenta del IPPLUZ. Por ello, considera que no pueden quedarse de brazos cruzados y esperar su desaparición. “Tenemos que abrirnos al cambio”, expresa Graham.

Para el Director Médico del IPPLUZ, Gilberto Vizcaíno, aun cuando las características de los IPP de las universidades son heterogéneas (en el caso del IPPLUZ, además de HCM ofrece el servicio ambulatorio), éstos se abocarán a presentar una propuesta global para garantizar su subsistencia. “Estamos dispuestos a integrarnos y adaptarnos a los lineamientos del Ministerio de Salud, siempre que valore nuestras fortalezas. Tenemos la infraestructura para atender a los universitarios, una población susceptible de ser tomada en cuenta”, señala Vizcaíno.

Con 30 años de funcionamiento, 17 mil afiliados y un promedio de 100 mil pacientes atendidos al año, el IPPLUZ espera que el Instituto Nacional de Atención Médica Integral no desvirtúe su funcionamiento. “Si somos eficientes y hemos respondido a las expectativas de salud de nuestros usuarios, ¿por qué empezar de cero?”, plantea Vizcaíno. “En unísono podemos solicitar una alternativa dentro de la ley para seguir prestando un servicio de calidad”, agrega.

Para Méndez, las cajas de ahorro se perfilan como alternativa de financiamiento de la previsión social de los universitarios, si éstos decidieran apartarse del sistema único: “La Ley de Cajas de Ahorro prevé entre sus atribuciones el establecimiento de convenios estratégicos en materia de salud y la inversión en seguridad social en todos sus aspectos. Es la propia ley la que abre las puertas”.

No obstante, hasta tanto el Gobierno dé a conocer el texto definitivo de la ley, los universitarios no sabrán a ciencia cierta el destino de estos institutos. El experto en salud pública y profesor de la Universidad Simón Bolívar, Marino González, alerta sobre los peligros del proyecto de ley. “El Gobierno deberá explicar cómo y por qué ahora los venezolanos tendrán que sacar de su salario el pago de gastos en salud”, plantea.

“Esta ley es el atraso más grande en 70 años de salud pública en Venezuela. Revierte la descentralización, no soluciona el financiamiento y más bien crea este monstruo que es el Sistema Nacional Público de Salud, similar al de una ley promulgada hace 30 años que nunca se llevó a la práctica. Es la legislación en materia de salud pública más perjudicial y perniciosa de toda Latinoamérica”, remata González.